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La Administración de Injusticia

La huelga de jueces, anunciada para el próximo mes de junio, amenaza el estado derecho

Se dice que la huelga es un derecho. Sin duda lo es como norma legal, una norma ganada por los trabajadores industriales tras sufrir incontables vejaciones, cuando no verdaderas matanzas, por oponerse a trabajar en determinadas condiciones, durante los años más duros del proletariado, allá por el siglo XIX y principios de XX. Cuanto más grande e influyente era la industria, mayor y más feroz era la represión que la autoridad ejercía sobre los huelguistas. En ese contexto, el ayudante de un pequeño comerciante que se negara a trabajar sólo debía temer quedarse sin trabajo, aunque, por otra parte, sabía que su capacidad para presionar al patrón era nula.

Mucho ha llovido sobre nuestra historia desde entonces. Afortunadamente, nadie debe temer ya ser fusilado, apaleado ni encarcelado por negarse a trabajar ni por instigar a sus compañeros a no aceptar las condiciones de trabajo. En nuestra sociedad la huelga es el instrumento de presión que siempre fue, pero son sólo los trabajadores de los grandes colectivos los que,  ahora sin el riesgo de ser perseguidos, tienen esa facultad, pues por el camino se olvidó, los sindicatos olvidaron, a los trabajadores cuyo exiguo número hace inútil su derecho a la huelga.

Aún más, si los trabajadores de un astillero, por poner un ejemplo, bloquean un autopista con barricadas de neumáticos en llamas, no serán procesados, pese a incurrir en un delito, pero si el dependiente de una pequeña tienda quemara un contenedor en medio de la Gran Vía de Madrid como protesta por su contrato precario, sería, cono toda seguridad, detenido y multado, como mínimo. Esta injusticia flagrante debiera ser apreciada, sobre todo, por los que,  ostentando el máximo poder que puede otorgar la sociedad, están en la cúspide de los tres poderes del Estado para impartir justicia. Pero, paradójicamente, los jueces españoles han decidido aprovecharse de su papel social, aún más crítico y trascendente que el de los grandes colectivos de trabajadores industriales, para abusar de su derecho a la huelga.

No es lo mismo el Derecho que la Justicia. El primero es el conjunto de normas que regulan la convivencia en una determinada comunidad. La segunda es esa cualidad de los actos humanos, intrínsecamente utópica, capaz de conseguir que todos los miembros de esa comunidad se sientan poseedores de cuanto creen merecer, tanto en bienes como en derechos. Pese al insalvable abismo entre ambos conceptos, los principios del poder judicial de nuestra sociedad, llamada “de derecho” por esta razón, comprometen a los jueces para maximizar, en lo posible, lo justo, la equidad, la imparcialidad, y la prudencia en la condena.

Convocando una huelga, los jueces demuestran, quizá, estar preocupados porque no se les conceden los medios adecuados para ejercer su labor, pero también evidencian un desprecio absoluto hacia la alta responsabilidad que asumen en la sociedad, ya que amenazan precisamente con dejarla desasistida.

Nada hubiera sido tan razonable en este caso como haber instigado a los mismos ciudadanos, a quienes dicen querer proteger, para que manifestaran una gran protesta civil. Sobran medios para trasladar las denuncias pertinentes a la opinión pública. Podían haber amenazado, quizá, con una “huelga de celo” para demostrar lo imposible de una justicia rigurosa y sin atajos, dados los actuales medios. Pero no. Se han acogido a la tradición más injusta del sindicalismo y, de paso, han desbaratado la última defensa de nuestra maltrecha justicia que, a falta de medios materiales, tenía, por lo menos, a los jueces. Eso creíamos.

Un comentario en “La Administración de Injusticia

  1. […] consecuencias alarmaban a la sociedad, y no antes, cuando también los hubo de similar entidad, se precipitaron como un solo hombre para hacer ver sus […]

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